Fuente: Mexicoxport
21-septiembre-2018
En el periódico El Economista, el economista, ecologista y político mexicano Gabriel Cuadri escribe que debemos dejar de pensar en quimeras y ver hacia adelante. Cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco implicaría un error histórico sin precedente y abandonarlo significaría una verdadera catástrofe urbana, territorial, ambiental e hidrológica. Este monstruoso pasivo, como monumento brutalista, perseguiría al próximo gobierno hasta el final, con impactos ecológicos prácticamente irreversibles. Todo ello, además de perderse más de 120,000 millones de pesos y más de 20 años de estudios técnicos y económicos en el NAIM y anularse la oportunidad de crear un nodo o hub aeroportuario esencial para la competitividad de la industria aeronáutica (con todos los efectos multiplicadores, tecnológicos de empleo e ingreso que genera) y de la economía de nuestro país. Por cierto, única forma de reducir la pobreza.
México es la decimotercera economía del mundo, primera potencia exportadora industrial de América Latina, sexto país que más turistas recibe y nación que aspira a consolidarse en el concierto global como potencia emergente. México requiere de un gran hub aeroportuario digno, a la altura de su importancia y aspiraciones, y de una solución para el resto del siglo. México no aceptaría un binomio de aeropuertos mediocres, descoyuntados, ubicados a gran distancia, con tiempos largos y dificultades insuperables de interconexión y logística y que representaría grandes ineficiencias operativas y mayores costos para aerolíneas y pasajeros. Nadie utilizaría a la Ciudad de México como nodo de conexión internacional; México perdería contra Miami, Panamá o Houston.
Santa Lucía no es ni nunca ha sido una opción al NAIM en Texcoco, simplemente no es comparable, tampoco compatible con el actual aeropuerto en términos de estructura del espacio aéreo. Habría interferencia en aproximaciones y despegues, tal como lo muestran todos los estudios serios al respecto, lo que plantearía riesgos, retrasos y una capacidad que quedaría agotada en pocos años. Su costo total, incluyendo el costo de cancelación del NAIM, así como costos ambientales, hidrológicos y urbanos de su abandono y de la infraestructura necesaria de accesibilidad y conectividad sería muy superior. Sería muy difícil o imposible financiarlo. El NAIM en Texcoco está financiado a 70%, se paga con la TUA y es muy rentable para el gobierno y para la sociedad en su conjunto.
Como todo gran proyecto de infraestructura, el NAIM en Texcoco tiene impactos ambientales, mismos que ya ocurrieron, especialmente, en cuanto a desaparición de cuerpos de agua permanentes o intermitentes relictos del antiguo lago. Eran hábitat de especies residentes de aves y peces, algunas endémicas y protegidas por la normatividad. Sólo la culminación del NAIM en Texcoco puede permitir mitigar y compensar sus impactos ecológicos.
Ciertamente, las aves migratorias que llegan al lago Nabor Carrillo representan un riesgo para la navegación aérea, condición similar a muchos grandes aeropuertos globales. Todo ello exige, además de un manejo in situ de aves, acciones y programas de mitigación y compensación ambiental: a) Acondicionar hidrológica y limnológicamente al Nabor Carrillo, limitando su atractivo para aves migratorias (patos), reduciendo su nivel y mejorando la calidad del agua; b) Un programa regional de ampliación y rehabilitación de otros cuerpos de agua en el valle de México para redistribuir hacia ellos a las aves migratorias, como Zumpango, Tláhuac, Xochimilco, Guadalupe y otros; c) Construir y generar nuevos hábitats lacustres para aves residentes al oriente del polígono del NAIM y al sur de la carretera Peñón-Texcoco, o bien, en Xico-Chalco; d) Concluir toda la infraestructura necesaria de protección y regulación hidrológica en el vaso de Texcoco.
Lo anterior debe integrarse a un plan maestro de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable para el oriente del valle de México, en el contexto de su decreto como Zona Económica Especial, para garantizar una gobernanza regional coherente y eficaz.
Éstas sí serán responsabilidades indeclinables del nuevo gobierno.
