20-jul-21
Fuente: Mexico Business
Los actores y el Senado mexicano desarrollan una nueva ley general de movilidad y seguridad vial. El camino hacia la nueva ley comenzó formalmente con la publicación de la reforma constitucional en diciembre de 2020, siguiendo los principios que la constitución otorga a toda persona “el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. “
El decreto permitió al Congreso legislar en materia de movilidad y seguridad vial. Los artículos transitorios del decreto publicado en diciembre establecían que dentro de 180 días, el Congreso mexicano debería haber aprobado la nueva “Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”. Pero el período de 180 días terminó el 16 de junio de 2021 y hasta la fecha no se ha aprobado ninguna ley. Sin embargo, diferentes actores están trabajando para crear esta nueva ley, incluidos líderes del sector de vehículos pesados.
“Queremos reconocer el esfuerzo de las autoridades federales y poderes legislativos en el borrador de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ya que está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Damos la bienvenida a este nuevo proyecto, con comentarios y recomendaciones adicionales del sector ”, dijo Miguel Elizalde, presidente de ANPACT, durante una conferencia de prensa la semana pasada.
El 18 de junio de 2021, el Senado mexicano presentó el anteproyecto de ley general que involucró a actores de la sociedad civil, el Senado mexicano, el gobierno federal y otros interesados. “Esta ley definirá las políticas públicas, las políticas sectoriales, el Sistema Nacional de Seguridad y Movilidad Vial y los criterios de infraestructura, red vial, espacios públicos de diseño universal, servicios de transporte, sistemas integrados y gestión de la demanda”, publicó el Senado en un comunicado . La ley también creará normas básicas para regular el tránsito, obtener permisos y las condiciones mínimas para apoyar a las víctimas en caso de accidentes.
También es probable que la ley incluya regulaciones para las plataformas de transporte compartido, ya que el país carece de una norma coherente al respecto. Actualmente, la prestación de servicios de transporte privado a través de plataformas está regulada en 17 estados de México. Las leyes de movilidad y transporte de estos estados generalmente imponen algunas obligaciones a las empresas de la red de transporte y a los conductores, así como algunos requisitos para los vehículos utilizados para la prestación del transporte privado. servicios “, señaló DiDi en el prospecto del formulario F-1 de su oferta pública inicial . Dado que las obligaciones varían de un estado a otro, esta nueva ley también puede influir en la regulación de las empresas de transporte compartido.
Miguel Elizalde de ANPACT, también señaló que la ley creará un fondo que se puede utilizar para mejorar la movilidad, pero en su opinión este fondo no debe ser restrictivo a la infraestructura. “En el núcleo de la ley, si fuera necesario especificar el uso de los fondos que podrían crearse con la nueva ley, estos fondos podrían usarse para la renovación de parques de vehículos además de infraestructura. Al producir vehículos con el estado de la – tecnologías medioambientales de última generación, también podríamos contribuir a reducir las emisiones “.
