11-Feb-2019
Fuente: Notimex
El Gobierno mexicano quiere modificar los contratos que permitieron la construcción de gasoductos que debieran dar gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que ahora se encuentran detenidos.
“Realmente no es ético que se tenga un contrato que por causas que no tienen que ver con la CFE, que pague estas sanciones onerosas”, dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina.
El mandatario se refirió en específico a siete proyectos de gasoductos que se encuentran detenidos y que fueron contratados con empresas como Grupo Carso, IEnova y TransCanada.
La eléctrica nacional debe pagar penalidades debido a este freno de los ductos y que generaron pagos por cerca de 5,000 millones de pesos (mdp) el año pasado; y del que se pagarán 16,000 mdp para el siguiente, según las cifras presentadas del Gobierno.
“Por eso se tiene que ver la reestructuracción de estos contratos para que en efecto se logre esa transmisión de gas pero sin estos precios ni sanciones que son absurdas para la CFE”, dijo el titular de la Comisión, Manuel Bartlett.
Asimismo, el funcionario denunció que exfuncionarios públicos de administraciones anteriores, y que hoy trabajan para las empresas particulares, generaron que CFE se debilitara y que hoy produzca la mitad de la energía que consume el país.
Junto al presidente López Obrador, Barlett Díaz afirmó que esos exfuncionarios han caído en “absoluto conflicto de intereses”.
Entre ellos mencionó al expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, quien fue el promotor de la participación privada; José María Córdoba Montoya —exasesor presidencial de Salinas de Gortari—, quien tiene participación en el negocio eléctrico; Jesús Reyes Heroles González Garza, exsecretario de Energía y exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien participa en grandes empresas y consejos consultivos de energía.
Otros antiguos funcionaros son Carlos Ruiz Sacristán, extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien es presidente y director general de una empresa relacionada con generación de electricidad; y Luis Téllez Kuenzler, exsecretario de Energía y ex titular de la SCT, quien funge como asesor en empresas extranjeras que proporcionan supuestamente servicios de energías limpias.
Manuel Bartlett —quien en el pasado fue secretario de Gobernación, senador y gobernador de Puebla, de la mano del PRI— también señaló a Alfredo Elías Ayub, exdirector general de la CFE, quien es consejero independiente vinculado a empresas extranjeras; al expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa, que es consejero independiente de una empresa extranjera; así como a Georgina Kessel Martínez, exsecretaria de Energía, y ahora consejera y directora de otra empresa privada ligada al sector energético.
En la lista de exservidores públicos también están Jordy Herrera Flores, consultor de energía que ha trabajado en diversas actividades de empresas de generación de energía, y Alejandro Fleming, quien ahora es miembro de los consejos de Iberdrola México.
RESPUESTA INMEDIATA DE EMPRESAS PRIVADAS
Ante las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett, las empresas Infraestructura Energética Nova (IEnova) y TransCanada se defendieron de tales señalamientos, manifestando que sus contratos obtenidos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están apegados a la ley y que son transparentes.
“Todos los contratos de ductos de transporte de gas natural de la empresa con CFE fueron adjudicados bajo procesos de licitación pública internacionales abiertos y transparentes bajo estándares internacionales de la industria”, aseguró IEnova en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
“IEnova tiene un ducto que entró en operación en mayo de 2017. Sin embargo, el servicio a la CFE fue interrumpido por actos de sabotaje sufridos en el ducto en agosto de 2017. Los hechos fueron denunciados ante las autoridades federales y locales”, explicó la empresa a través de un comunicado, debido a este freno de los ductos, la CFE deben pagar las penalidades marcadas.
En tanto, la empresa canadiense TransCanada negó que los pagos recibidos cuando se activan las cláusulas de fuerza mayor impliquen algún tipo de subsidio o multa para la CFE. Esta empresa ha tenido problemas para terminar uno de los ductos por las protestas de la comunidad en un tramo en Hidalgo, de ahí que no ha podido concluir.
“Estos contratos incluyen previsiones de fuerza mayor, que aplican cuando, ya sea la CFE o la compañía constructora de los ductos, se ven impedidas de cumplir con sus obligaciones debido a circunstancias imprevistas fuera de su control. Los pagos recibidos durante estos eventos de fuerza mayor no son ‘multas’ ni ‘subsidios’ ”, dijo TransCanada, en una respuesta por correo electrónico.
La compañía ha logrado contratos por 2,873 millones de dólares (mdd) para la construcción de parte de la red de ductos que transportan gas natural a las plantas de generación de la eléctrica nacional.
Sin embargo, ante los señalamientos de esta mañana, TransCanada respondió que “los contratos de gasoductos con la CFE surgen bajo el marco legal mexicano, a partir de procesos de licitaciones públicas internacionales, transparentes, abiertas y en acuerdo con los estándares de la industria”.
Sobre Carlos Ruiz Sacristán, quien fue presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de IEnova, esta empresa también respondió a las críticas, señalando que fue funcionario público durante 24 años. En ese periodo, fue director general de Pemex únicamente 28 días en diciembre de 1994. Esta fue la única participación de Ruiz en el sector energético como funcionario público. Su último cargo en el sector público concluyó en diciembre de 2000, y es directivo de IEnova desde 2012, por lo que en absoluto hay conflicto de interés alguno.
“En todas sus operaciones, (IEnova) se ha conducido con estricto apego a la ley y absoluta ética e integridad”, concluyó la firma en su comunicado.
N.R. También los ex – funcionarios aludidos han dado respuesta a las acusaciones demostrando que no hubo conflicto de intereses y que se han conducido en apego a la ley y ejerciendo su derecho al trabajo y desarrollo profesional.
